A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre la Fiscalía 3 de la Dirección Nacional de la Fiscalía Especializada Contra Organizaciones Criminales, el Juzgado 6 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá y el Juzgado 55 de instrucción Penal Militar de Armenia.

La controversia se causa entre los Despachos por investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, contra dos funcionarios del Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, DCCAE, que presuntamente favorecían a un grupo delincuencial agilizando y tramitando los documentos presentados por la empresa Necof Group S.A.S. para ser utilizados en la modalidad de minería de oro a cielo abierto y piedra caliza tipo cantera, pero la empresa le habría dado, según la Fiscalía, una destinación diferente a ese material explosivo traficándolo a organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en los Deparamento de Caldas y Boyacá.

Se imputan los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal en calidad de coautores a título de dolo.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena considera que respecto de la investigación contra un miembro de la Fuerza Pública, no cuenta con el presupuesto subjetivo y decide declarase inhibida para fallar.

Respecto del otro caso, refiere el precedente de los autos 102 de 2022 y 562 de 2022, entre otros, en los cuales se estableció la regla de decisión que se reitera: “ante dudas o cuestionamientos sobre el vínculo directo del hecho delictivo con el servicio -requisito que la Constitución exige para que tenga aplicación el fuero penal militar-, es imperativa la aplicación de la regla general que asigna la competencia a la jurisdicción penal ordinaria.

Esto ocurre porque el fuero penal militar previsto en el artículo 221 superior procede excepcionalmente cuando haya certeza sobre los elementos subjetivo y funcional que constituyen dicho fuero y activan la competencia de la justicia penal militar” y en este contexto, dado que para la Sala Plena existen serias dudas respecto de la relación entre las funciones asignadas al investigado, en su calidad de jefe de área de la Seccional CCAME 31 de Armenia, y la suscripción del informe de revista a polvorín de la Mina La Isla, en la medida en que existen inconsistencias entre dicho informe y los elementos materiales probatorios obrantes en el expediente, se considera que el proceso penal debe ser adelantado por la jurisdicción ordinaria, en su especialidad penal.

En consecuencia, la Corte dispone el envío del expediente al Juzgado 6 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá, para lo de su competencia y para que comunique esta decisión al Juzgado 55 de Instrucción Penal Militar de Armenia y a los sujetos procesales e intervinientes dentro del proceso.